¿Cuál fue el presupuesto de México para la infancia y adolescencia para el año 2023?
En la Convención sobre los Derechos del Niño se estipula que México como estado firmante debe adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención” (CDN, Art. 4). En particular, en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, como lo son la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, los Estados Partes deben adoptar estas medidas “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” (CDN, Art. 4) de acuerdo a la misma fuente.
Dicho esto, el Estado Mexicano presentó un proyecto de presupuesto para el año 2023 en el que se asignaban 899.5 mil millones de pesos al Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo a los datos abiertos del portal Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.
Esta cifra representa un incremento de 8.2% en términos nominales con respecto al año anterior, lo que podría representar un aumento de 4.9% en términos reales si la inflación anual de 2023 se mantiene cerca de 3.3% como lo prevé la misma Secretaría de Hacienda. Cada programa necesitaría por tanto tener por lo menos un aumento de 3.3% en el monto asignado del año 2023 para que meramente se mantenga el valor real que se presupuestó en 2021.
¿En cuáles programas se observaron decrementos para el año 2023 en términos reales?
En 21 de los programas incluidos en el Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes el monto asignado para el año 2023 no aumentó por el porcentaje de inflación estimado para el mismo periodo por la Secretaría de Hacienda (3.3%); lo cual implica que en estos programas se podría observar un decremento en términos reales de los recursos asignados.
Estos programas afectaban el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes a la supervivencia (Programa IMSS-Bienestar (-16%)), el desarrollo (Programa de Cultura Física y Deporte (-52.8%)), la protección (Atención, protección, servicios y asistencia consulares (0%)) y la participación (Regulación de los servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión y fortalecimiento de los derechos de sus usuarios y audiencias (-15.2%)).
Estos programas también afectaban el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes de diferentes poblaciones, como las personas con discapacidad (Programa de Atención a Personas con Discapacidad (-24.9%)) y las mujeres (Salud materna, sexual y reproductiva (-35.7%)).
Además, estos programas atendían a la población en la primera infancia (Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (-0.4%) y Servicios de guardería (1.3%)).
En particular, se veían afectados el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad de niñas, niños y adolescentes (FAM Asistencia Social (-1.7%) y Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (2.2%)), así como el derecho a la educación de la población infantil y adolescente (Programa de Becas Elisa Acuña (-28.5%), Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa (-10.5%) y Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (1.4%)) y el derecho a la protección de la salud (Programa de vacunación (-51.2%) y Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (-40.5%)).
¿Cuáles fueron algunos de los programas en los que se observaron los mayores decrementos en 2023?
En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho “a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento” (LGDNNA, Art. 60).
Por eso sorprende que el monto asignado dentro del proyecto de presupuesto al Programa de Cultura Física y Deporte del ramo de Educación Pública haya descendido de 1.1 mil millones de pesos en 2022 a 0.5 mil millones de pesos en 2023 en los anexos transversales de los recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes en México. Esto significó un decremento anual de 52.8% en este rubro.
Además, en la misma ley se especifica que las autoridades de todos los niveles de gobierno se deben coordinar para fomentar y ejecutar los programas de vacunación (LGDNNA, Art. 50). El cumplimiento de esta obligación será más difícil al haberse reducido en 51.2% el monto presupuestal asignado al Programa de vacunación del ramo de Salud entre los años de 2022 y 2023, al pasar de 11.4 mil millones de pesos asignados en 2022 a 5.6 mil millones de pesos presupuestados para 2023.
Este recorte presupuestal se realizó en un contexto en el que únicamente una de cada tres niñas y niños de 1 y 2 años en México (el 35.8%) fueron vacunadas con el esquema de cuatro vacunas hasta 2021, de acuerdo a las cifras de ENSANUT Continua 2021 de la Secretaría de Salud.
De hecho en el mismo artículo de la legislación sobre los derechos de la niñez y la adolescencia se establece la obligatoriedad de las autoridades de todos los niveles de gobierno para coordinarse a fin de “Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas” (LGDNNA, Art. 50).
Lo anterior no solo sirve para prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes en niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, sino también para atender al 37.5% de las niñas y niños de 5 a 11 años que presentaron sobrepeso u obesidad en México durante 2021, al igual que el 42.9% de las y los adolescentes de 12 a 19 años que presentaron sobrepeso u obesidad en el país durante el mismo año, de acuerdo a datos de ENSANUT Continua 2021 publicados por la Secretaría de Salud.
Pese al reconocimiento de este derecho, la explicitación sobre la obligación del Estado mexicano para garantizarlo, así como la alarmante información sobre la población afectada, el presupuesto de 2023 para la Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes del ramo salud disminuyó 40.5% entre 2022 y 2023: de 328.5 millones de pesos en 2022 a 195.3 millones en 2023.
En adición, se observaron estas sensibles reducciones en el presupuesto 2023:
- El último año en que se asignó un monto para el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras fue en 2019. De 2022 a 2023 el monto asignado para el Programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras aumentó 1.4% en términos nominales, al incrementar de $2,627,484,370 pesos a $2,663,103,964; siendo que la Secretaría de Hacienda estima que la inflación cierre en 3.3% en 2023, lo que significa que en términos reales el monto asignado para este programa podría disminuir alrededor de 1.9% en el mismo periodo.
- De 2022 a 2023 el Programa de atención a personas con discapacidad disminuyó 24.9% en términos nominales, al reducirse de $8,132,800 pesos a $6,110,938.
- De 2022 a 2023 el monto asignado a Salud materna, sexual y reproductiva disminuyó 35.7% en términos nominales, al reducirse de $1,890,995,567 pesos a $1,216,682,089.
¿Qué se puede hacer para promover un presupuesto más adecuado para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en México?
De acuerdo a UNICEF México la inversión en niñas, niños y adolescentes ha perdido representatividad como porcentaje del PIB, así como del gasto público total a nivel nacional.
Según la misma fuente, en 2018 la inversión en niñas, niños y adolescentes en México como porcentaje del PIB nacional era de 3.3%, cifra que descendió a 2.9% en 2023. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia también publicó que la inversión en niñas, niños y adolescentes como porcentaje del gasto público total del Estado mexicano descendió de 13.4% en 2018 a 9.5% en 2023.
Apóyanos promoviendo un presupuesto más adecuado para garantizar los derechos a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de niñas, niños y adolescentes en el país. En la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) recientemente publicamos un Balance Anual 2021 en el que hacemos las siguientes recomendaciones:
- Incrementar la inversión del gasto público en frenar el impacto negativo de la pandemia
- Atender las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU, especialmente la Observación General 19, relativa al gasto público para la realización de los derechos de la niñez, y la necesidad de protegerles frente a los recortes presupuestales.
- Redefinir los 25 proyectos prioritarios con los que inició el gobierno federal ante el actual medio término, para reinvertir en políticas de Estado que reduzcan los impactos económicos en las poblaciones más pobres.
- Atender el llamado de Naciones Unidas para invertir en un esquema temporal de “ingreso universal” que permita reducir el impacto de la crisis económica, estimule el consumo interno y apoye las acciones preventivas del control de la pandemia.
- Continuar con los esfuerzos de luchar contra la evasión y fraude fiscal de los grandes deudores, y flexibilizar las medidas con las personas desempleadas, aquellas afectadas por COVID19 y pequeñas empresas familiares.
Si quieres apoyarnos promoviendo estas medidas para incrementar el gasto público en la infancia y la adolescencia en México, por favor visita nuestras redes sociales: facebook.com/derechosinfancia.org.mx.
¡Gracias!
Fuente: Transparencia presupuestaria, Anexos transversales 2019-2023.