¿Cuál fue el presupuesto de México para la infancia y adolescencia para el año 2026?
En la Convención sobre los Derechos del Niño se estipula que México como estado firmante debe adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención” (CDN, Art. 4). En particular, en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, como lo son la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, los Estados Partes deben adoptar estas medidas “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” (CDN, Art. 4) de acuerdo con la misma fuente.
Dicho esto, el Estado Mexicano presentó un presupuesto para el año 2026 en el que se asignaban 1.1 billones (millones de millones) de pesos al Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026 de la Secretaría de Hacienda.
Los 1.1 billones de pesos destinados a la niñez y adolescencia en México para el año 2026 representaron 10.8% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación del mismo año, cifra que fue menor al porcentaje asignado en 2025 (11%), y considerablemente inferior al porcentaje observado en 2015 (15%).
No obstante, esta cifra de 1.1 billones de pesos también representa un incremento de 8% en términos nominales con respecto al año anterior, lo que correspondería a un aumento de 5% en términos reales si la inflación anual de 2026 se mantiene cerca de 3% como lo prevé la misma Secretaría de Hacienda. Cada programa necesitaría por tanto tener por lo menos un aumento de 3% en el monto asignado del año 2026 para que meramente se mantenga el valor real que se presupuestó en 2025.
¿En cuáles programas se observaron decrementos para el año 2026 en términos reales?
En 46 de los programas incluidos en el Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes el monto asignado para el año 2026 no aumentó por el porcentaje de inflación estimado para el mismo periodo por la Secretaría de Hacienda (3%); lo cual implica que en estos programas se podría observar un decremento en términos reales de los recursos asignados.
Estos programas afectaban el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes a:
- La supervivencia
- Ramo Salud, total (-25.4%)
- Servicios de prevención y control de enfermedades del ramo IMSS (-1.3%)
- El desarrollo
- Servicios de normalización y certificación en competencias laborales del ramo Educación Pública (-2.7%)
- Educación física de excelencia del ramo Educación Pública (-100%)
- La protección
- Servicios de asistencia social integral del ramo Salud (-96.4%).
- Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del ramo Salud (-100%)
- La participación
- Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía del ramo INE (70%).
Estos programas también afectaban el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes de diferentes poblaciones, como:
- La niñez y la adolescencia indígena
- Programa de Apoyo a la Educación Indígena del ramo Entidades no Sectorizadas (-22%)
- La niñez y adolescencia con discapacidad
- Programa de Atención a Personas con Discapacidad del ramo Salud (-92.5%)
- Las niñas y mujeres adolescentes
- Política en Salud Materna Sexual y Reproductiva del ramo Salud (+2.2%; 0.8 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada)
- La niñez y adolescencia de comunidades rurales o marginadas
- Servicios de educación Básica Comunitaria del ramo Educación Pública (-17.4%)
- La niñez y adolescencia migrante
- Atención y servicios integrales de protección y asistencia consular del ramo Relaciones Exteriores (-18.8%).
Además, estos programas atendían a la población infantil y adolescente en distintos ciclos de vida, como:
- Programas mayormente destinados a la primera infancia
- Servicios de vacunación del ramo Salud (-59%).
- Programas mayormente destinados a la adolescencia
- Servicios de Educación Media Superior del ramo Educación Pública (-3.5%).
¿Cuáles fueron algunos de los programas en los que se observaron los mayores decrementos en 2026?
Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del ramo Salud
Según la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; a vivir en familia; a una vida libre de violencia y a la integridad personal; así como a la seguridad jurídica y al debido proceso; entre otras (LGDNNA, Art. 13).
Para ello, de acuerdo con la misma ley, se establece que “Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección” (LGDNNA, Art. 121).
Entre las atribuciones de esta Procuraduría de Protección, se encuentran, entre otras:
- Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes;
- prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos;
- intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes;
- coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (LGDNNA, Art. 122).
En 2026 será un desafío el cumplimiento de estas atribuciones a nivel nacional tomando en consideración el recorte de 100% al presupuesto del programa de Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del ramo Salud.
En 2026 apareció un nuevo concepto en el ramo Salud: “Servicios de protección y asistencia social integral”. Presumiblemente, este concepto engloba los programas del ramo Salud “Servicios de asistencia social integral” y “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
El problema es que el presupuesto asignado a este nuevo concepto representa una disminución anual de 96.4% únicamente con respecto al presupuesto asignado al concepto “Servicios de asistencia social integral”, sin dejar un remanente para el concepto “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
Ramo Salud
En la misma Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho “a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad […] con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud” (LGDNNA, Art. 50).
El cumplimiento de esta obligación será más difícil de alcanzar de aprobarse la reducción del 25.4% en el monto presupuestal asignado al ramo Salud entre los años de 2025 y 2026. De aprobarse este recorte, dicho presupuesto podría reducirse 79% entre 2021 y 2026.
Esta propuesta de recorte presupuestal podría ralentizar el decremento de la población infantil y adolescente que actualmente presenta carencia por acceso a servicios de salud, siendo que, como vimos en un post reciente, el porcentaje de personas de 0 a 17 años que presentaban esta carencia en el país era de 35.7% durante 2024, una cifra significativamente mayor a la observada en 2018 (14.3%), según los datos de Pobreza Multidimensional 2016-2024 de INEGI.
Programa de Apoyo a la Educación Indígena (ramo Entidades no sectorizadas)
En el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho de toda persona a la educación (CPEUM, Art. 3). Más concretamente, en el artículo segundo del mismo documento se especifica que “Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, [las] autoridades, tienen la obligación de […] II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior” (CPEUM, Art. 2).
Por eso sorprende que el monto asignado dentro del presupuesto al Programa de Apoyo a la Educación Indígena del ramo Entidades no sectorizadas haya descendido de 1,682 millones de pesos en 2025 a 1,312 millones de pesos en 2026 en los anexos transversales de los recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes en México. Esto significó un decremento anual de 22% en este rubro.
Como observamos en nuestro post anterior, este recorte presupuestal se está proponiendo en un contexto en el que, de acuerdo con las cifras de la Pobreza Multidimensional 2016-2024 publicadas por INEGI, el número de niñas, niños y adolescentes indígenas que presentaban rezago educativo incrementó a nivel nacional 14.2% entre 2022 y 2024 (de 319.3 mil a 364.8 mil).
En el mismo periodo, el porcentaje de personas indígenas de 3 a 17 años con rezago educativo en México aumentó por una diferencia de 1.3 puntos porcentuales (de 20.5% en 2022 a 21.8% en 2024), observándose a nivel nacional un incremento de 2.4 puntos de diferencia en la brecha entre la población indígena y no indígena en términos de la incidencia de rezago educativo entre los años de 2022 (cuando la diferencia era de 9.4 puntos porcentuales) y 2024 (cuando la misma diferencia se amplió a 11.8 puntos).
El Estado mexicano no ha presentado un estudio de impacto sobre la forma en que se tuvo en cuenta el interés superior de la niñez indígena en dicho recorte presupuestario a un programa operado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que ha ofrecido servicios de hospedaje, alimentación, artículos de higiene personal y becas con la finalidad de promover o facilitar la permanencia en la escuela de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas.
En adición, se observaron estas sensibles reducciones en el Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del presupuesto 2026:
- El presupuesto asignado al Programa de Atención a Personas con Discapacidad del ramo Salud ya había disminuído 97.9% en términos nominales entre 2018 y 2025 (de 31.5 millones de pesos a 8.9 millones de pesos). En el presupuesto 2026 disminuye anualmente 92.5% esta última cifra en términos nominales a 666 mil pesos.
- En el presupuesto 2026 se incrementa la asignación a la Política en Salud Materna Sexual y Reproductiva del ramo Salud 2.2% con respecto a 2025 (de 1,710 millones de pesos a 1,749 millones de pesos). De este modo, el presupuesto asignado al ramo Salud en el Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes disminuyó 7.5% en términos nominales entre 2022 y 2026 (de 1,891 millones de pesos a 1,749 millones de pesos).
- En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se recortó el monto asignado a Servicios de educación Básica Comunitaria del ramo Educación Pública 17.4% (de 5,999 millones de pesos en 2025 a 4,955 millones de pesos en 2026). El monto asignado a este programa en 2026 es todavía inferior en términos nominales a la cantidad asignada en 2022 (4,955 millones de pesos en 2026 y 5,269 millones de pesos en 2022).
¿Qué se puede hacer para promover un presupuesto más adecuado para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en México?
La inversión en la niñez y adolescencia ha perdido representatividad como porcentaje del PIB, así como del presupuesto total a nivel nacional.
En términos más concretos, en 2015 el presupuesto en niñas, niños y adolescentes en México como porcentaje del PIB nacional era de 3.7%, cifra que descendió a 2.9% en 2026 al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. En adición, la inversión en niñas, niños y adolescentes como porcentaje del presupuesto total del Estado mexicano descendió de 15% en 2015 a 10.8% en 2026.
Apóyanos promoviendo un presupuesto más adecuado para garantizar los derechos a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de niñas, niños y adolescentes en el país.
En la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) realizamos actividades de incidencia política para promover que el Estado mexicano haga mayores esfuerzos para promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Recientemente publicamos un Balance sobre la situación de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país y estas son algunas de las recomendaciones para el presupuesto que hemos incluido:
- Aumentar la asignación presupuestaria: Establecer una meta a mediano plazo para recuperar el nivel del 15% observado en 2015, priorizando sectores críticos como educación, salud y protección social.
- Fortalecer el enfoque intersectorial: Garantizar que los recursos destinados a la infancia y adolescencia sean ejecutados de manera coordinada, maximizando su impacto en los sectores más vulnerables.
- Focalizar recursos en grupos vulnerables: Aumentar la inversión en programas específicos para comunidades indígenas, rurales y en situación de pobreza extrema, garantizando la equidad en el acceso a servicios básicos.
- Monitorear la eficacia del gasto: Implementar sistemas de monitoreo y evaluación que permitan medir el impacto del gasto en niñez y adolescencia, identificando áreas de mejora y reduciendo prácticas ineficientes.
- Promover la participación infantil y adolescente: Incluir a niñas, niños y adolescentes en la planificación y evaluación de políticas públicas para garantizar que sus necesidades sean atendidas de manera efectiva.
Si quieres apoyarnos promoviendo estas medidas para incrementar el gasto público en la infancia y la adolescencia en México, por favor visita nuestras redes sociales: facebook.com/derechosinfancia.org.mx.
¡Gracias!
Fuentes: INEGI, Producto Interno Bruto 2015-2024
SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2015-2026
SHCP, Pre-Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2026