¿Cuál fue el presupuesto de México para la infancia y adolescencia para el año 2022?
En la Convención sobre los Derechos del Niño se estipula que México como estado firmante debe adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención” (CDN, Art. 4). En particular, en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, como lo son la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, los Estados Partes deben adoptar estas medidas “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” (CDN, Art. 4) de acuerdo a la misma fuente.
Dicho esto, el Estado Mexicano presentó un proyecto de presupuesto para el año 2022 en el que se asignaban 831.1 mil millones de pesos al Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo a los datos abiertos del portal Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.
Esta cifra representa un incremento de 5% en términos nominales con respecto al año anterior, lo que podría significar un ligero aumento en términos reales si la inflación anual de 2022 se mantiene cerca de 3.4% como lo prevé la misma Secretaría de Hacienda. Cada programa necesitaría por tanto tener por lo menos un aumento de 3.4% en el monto asignado del año 2022 para que meramente se mantenga el valor real que se presupuestó en 2021.
¿En cuáles programas se observaron decrementos para el año 2022 en términos reales?
En 20 de los programas incluidos en el Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes el monto asignado para el año 2022 no aumentó por el porcentaje de inflación estimado para el mismo periodo por la Secretaría de Hacienda (3.4%); lo cual implica que en estos programas se podría observar un decremento en términos reales de los recursos asignados.
Estos programas afectaban el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes a la supervivencia (Atención a la Salud, Salud), el desarrollo (Desarrollo Cultural, Cultura), la protección (Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos, Fiscalía General de la República) y la participación (Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía, Instituto Nacional Electoral).
Estos programas también afectaban el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes de diferentes poblaciones, como las poblaciones indígenas (Programa de Apoyo a la Educación Indígena, Entidades no Sectorizadas), las personas con discapacidad (Programa de Atención a Personas con Discapacidad, Salud) y las madres trabajadoras y sus hijas e hijos (Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Bienestar).
Además, estos programas atendían a la población en la primera infancia (Expansión de la Educación Inicial, Educación Pública; Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, ISSSTE), así como a la población adolescente (Articulación de Políticas Integrales de Juventud, Bienestar).
¿Cuáles fueron los programas en los que se observaron los mayores decrementos en 2022?
Entre 2020 y 2021 (de los meses de enero a noviembre) se registró un aumento en los delitos contra niñas, niños y adolescentes de corrupción de menores, extorsión, homicidio, lesiones dolosas, rapto, tráfico de menores y trata de personas, de acuerdo a las cifras de incidencia delictiva del fuero común del SESNSP. Es por ello que llama la atención que para el año 2022 se haya hecho un recorte de 97% en el presupuesto asignado a Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos por parte de la Fiscalía General de la República.
Lo anterior sucedió en un contexto en el que en el 93.3% de los delitos ocurridos a nivel nacional durante 2020 no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que publicó INEGI en 2021.
Por otra parte, en 2015, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas comunicó en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de México su preocupación por “Los muchos niños con discapacidad que aún no disponen de acceso gratuito a los servicios de salud y rehabilitación, no reciben educación y son víctimas de violencia y explotación” (CRC/C/MEX/CO/4-5). Pese a ello, el Estado mexicano decidió recortar para 2022 el presupuesto asignado al Programa de Atención a Personas con Discapacidad del ramo de Salud en un 56.2%.
Con este presupuesto habrá menor disponibilidad de recursos para atender la salud de cada una de las 2.61 millones de personas de entre 0 y 17 años que tenían alguna discapacidad en 2020, de acuerdo a cifras del Censo 2020 de INEGI.
Finalmente, el 31 de diciembre de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024. En este documento se recogen propuestas de personas adolescentes como “Seguridad en el lugar donde vivo, mi escuela y en mi trabajo”, “Contar con una beca para cubrir mis necesidades”, “Más y mejorar las escuelas, en especial baños, salones y patios”, “Lugares para reunirnos, usar nuestro tiempo y hacer amigos” e “Internet y equipos para todas y todos los jóvenes de mi edad”. Para responder a estas exigencias es necesaria una amplia y comprehensiva coordinación de políticas públicas que involucre a distintos órdenes de gobierno, sectores y dependencias.
No obstante, el presupuesto 2022 presenta un recorte de 40.3% para la Articulación de Políticas Integrales de Juventud del ramo Bienestar. La reducción en el presupuesto comprende disminuciones significativas en partidas genéricas necesarias para la articulación de políticas integrales como “servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión”, “sentencias y resoluciones por autoridad competente”, “pasajes terrestres” y “viáticos en el país”. Resta saber si con dichas limitaciones en la capacidad operativa de la dependencia se lograrán articular efectivamente las políticas necesarias para responder a las exigencias de esta población.
¿Qué se puede hacer para promover un presupuesto en la infancia y la adolescencia más adecuado para garantizar sus derechos?
Apóyanos promoviendo un presupuesto más adecuado para garantizar los derechos a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de niñas, niños y adolescentes en el país. En la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) recientemente publicamos un Balance Anual 2021 en el que hacemos las siguientes recomendaciones:
- Incrementar la inversión del gasto público en frenar el impacto negativo de la pandemia
- Atender las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU, especialmente la Observación General 19, relativa al gasto público para la realización de los derechos de la niñez, y la necesidad de protegerles frente a los recortes presupuestales.
- Redefinir los 25 proyectos prioritarios con los que inició el gobierno federal ante el actual medio término, para reinvertir en políticas de Estado que reduzcan los impactos económicos en las poblaciones más pobres.
- Atender el llamado de Naciones Unidas para invertir en un esquema temporal de “ingreso universal” que permita reducir el impacto de la crisis económica, estimule el consumo interno y apoye las acciones preventivas del control de la pandemia.
- Continuar con los esfuerzos de luchar contra la evasión y fraude fiscal de los grandes deudores, y flexibilizar las medidas con las personas desempleadas, aquellas afectadas por COVID19 y pequeñas empresas familiares.
Si quieres apoyarnos promoviendo estas medidas para incrementar el gasto público en la infancia y la adolescencia en México, por favor visita nuestras redes sociales: https://www.facebook.com/derechosinfancia.org.mx.
¡Gracias!
Fuente: Transparencia presupuestaria, Anexos transversales 2019-2022.